El sector energético es uno de los más impactados por los cambios que estamos viviendo tanto a nivel tecnológico como social.
El reto principal al que se enfrenta el planeta es la emergencia climática. De seguir con el nivel actual de emisiones de gases de efecto invernadero, las predicciones apuntan a un aumento de la temperatura de entre 3,1 y 3,7ºC en 2100, lo que tendría consecuencias devastadoras para todos los seres que habitan el planeta. Además, si nos fijamos en las causas que contribuyen a la generación de estos gases, se observa que el 80% se producen a causa del uso de la energía.
Ante esta situación, han surgido diferentes iniciativas gubernamentales entre las que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en especial el número 13, y el Acuerdo de París del COP21 (2015) en el que los países participantes acordaron poner en práctica las medidas necesarias para limitar el aumento de la temperatura en dos grados respecto a 1900.
En esta misma línea, a nivel europeo se han conseguido centrar iniciativas clave a través del Green Deal, que persigue la neutralidad climática para 2050 como objetivo principal. En el caso de España, esta iniciativa ha tomado forma con el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recientemente tramitado que fija como objetivos principales para 2030 la reducción de gases de efecto invernadero del 20% respecto a 1990, el incremento del uso de energías renovables hasta llegar al 35% en el mix final de consumo, el aumento de la eficiencia del 35% y un sistema eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050.
Con todo esto, los objetivos a nivel gubernamental en España y en Europa quedan claramente establecidos y ya se está empezando a concretar con diferentes reales decretos y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Cabe destacar que las diferentes iniciativas que se están discutiendo a nivel europeo, para trabajar en la recuperación del territorio tras el impacto económico provocado por la pandemia del COVID-19 también se enfocan claramente hacia estos objetivos, dejando clara y patente la importancia de las políticas relacionadas con la sostenibilidad y la eficiencia.
Así, teniendo en cuenta medidas establecidas y objetivos perseguidos, la única opción que nos permite conseguirlos es ir a un nuevo mundo de la energía mucho más eléctrico donde veremos un incremento del 100% del uso de energías renovables a nivel mundial, la disminución del uso de carbón en un 89%, del 30% del uso de petróleo y derivados y del 58% del uso de energía nuclear. Porcentajes que resultan en un incremento del 30% de la utilización de la energía eléctrica proveniente principalmente de fuentes fotovoltaica, termosolar y eólica.
Este mundo más eléctrico se debe articular a través de las llamadas 3D: Digitalización, Descarbonización y Descentralización. Veamos en detalle qué son y cómo pueden afectar a la optimización del uso de la energía.
En cuanto a la digitalización, a nadie se le escapa que la evolución de las tecnologías digitales nos ha abierto las puertas a un sinfín de oportunidades de evolucionar y de mejorar la base de la toma de nuestras decisiones a todos los niveles gracias a disponer de mucha más información. Las tecnologías como el IoT, la Inteligencia Artificial, el machine learning o el blockchain son habilitadoras y aceleradoras de la transición energética como de los modelos de negocio asociados. Sin datos y nuevas tecnologías sería imposible acometer los retos actuales.
En segundo lugar, la descentralización, pero ¿qué significa la descentralización? No significa nada más que descentralizar la generación de energía eléctrica acercándola a los lugares donde se consume. Contar con una red descentralizada, permite reducir pérdidas en la transmisión y la distribución y acelerar drásticamente la integración de energías renovables ya que no es necesario adecuar previamente las redes de transmisión y distribución debido al incremento de potencia, tan solo actualizando la red local en media y/o baja tensión será suficiente.
Con la última D, Descarbonización, hacemos referencia a encontrar fuentes de generación de energía que no sean emisoras de CO2. De modo que la integración de las renovables es la única manera de conseguir los objetivos de emisiones del Acuerdo de París.
Resumiendo, la situación actual nos lleva a un despliegue acelerado de infraestructuras de generación de energías renovables muy descentralizada que obliga a una gestión del sistema eléctrico altamente flexible que sea capaz de adaptarse en tiempo real igualando generación con demanda. Sin embargo, a diferencia de cómo se ha gestionado históricamente este balance nos enfrentamos a la dificultad que los recursos de generación y las cargas están más distribuidos. Aquí entra el concepto de flexibilidad entendido como la capacidad de un sistema eléctrico para hacer frente a la variabilidad e incertidumbre que las fuentes de generación renovable incorporan por ser de índole discontinua, suministrando de forma fiable toda la energía a demanda de los clientes.
De hecho, el concepto de flexibilidad en la red es nuevo. Desde hace tiempo, ha existido tanto desde el “lado generación” como desde el “lado de la demanda”, pero limitado a los acuerdos de interrumpibilidad de grandes consumidores. Ahora se extiende más allá de los grandes. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías el mercado de flexibilidad se abre potencialmente a cualquier consumidor, dando total relevancia a la figura del agregador de la demanda como agente contribuidor a la flexibilidad del sistema mediante la suma de pequeños consumidores.
Actualmente en España este papel puede estar restringido a las comercializadoras y distribuidoras eléctricas, pero en breve y gracias al Real Decreto Ley 23/2020 del 23 de junio donde, entre otras, se aprueban las medidas necesarias para habilitar el agregador de la demanda independiente, este pasará, como en Francia o Alemania, a ser un actor clave del ecosistema eléctrico a la vez que se habilitan nuevos modelos de negocio.
Esperamos en los próximos meses y sobre todo de cara a 2021 que el marco regulatorio quede perfectamente establecido habilitando la figura del agregador independiente en un contexto de mercado eléctrico que debe permitir disponer de una economía productiva muchísimo más competitiva: a más descentralización, más flexibilidad, más agilidad y más competitividad.
Pero ¿qué modificaciones es necesario realizar en instalación eléctrica para participar o beneficiarme de este contexto tan atractivo que debe permitir a las empresas ser más competitivas?
Para el usuario la tecnología para la descentralización de almacenamiento y generación cerca del consumo ya está disponible en forma de lo que llamamos microgrids. De hecho, una microgrid no es más que un sistema que nos permite gestionar tanto generación como almacenamiento como consumo de acuerdo al contexto en tiempo real, seleccionando cuándo y con qué recursos – propios o de la red – se consume, cuándo almacenar y cómo consumir para conseguir un mejor precio de la energía, así como conseguir los objetivos de sostenibilidad.
En definitiva, las microgrids son la clave para disponer de flexibilidad desde el punto de vista del usuario permitiéndole participar en el mercado de la energía (y beneficiarse de ello) a través del agregador de la demanda.
En este contexto, gracias a la transición energética y la transformación digital, la energía pasa de ser un mero coste en el balance de una empresa a ser un activo capaz de generar impacto positivo en la cuenta de explotación, ya sea gracias a disponer de un coste más competitivo o gracias a la habilitación de nuevos modelos de negocio culminando en la figura del agregador de la demanda independiente como principal agente de cambio optimizando al máximo su generación y consumo.
