La agenda climática global está impulsando un crecimiento exponencial en la demanda de metales y minerales clave para la transición energética[1]. Muchos de los recursos esenciales para construir paneles solares, autos eléctricos y todo tipo de tecnologías verdes abundan en América Latina y el Caribe. Esta es una oportunidad de desarrollo para la región, porque el crecimiento de la inversión minera genera ingresos fiscales esenciales para la recuperación económica, trae empleos y demanda bienes y servicios locales. Pero sabemos que el desarrollo sólo es sostenible si es inclusivo. Y actualmente, el sector extractivo tiene importantes brechas de género. Es decir, el sector beneficia desproporcionadamente a los hombres, sobre todo con oportunidades de crecimiento laboral, mientras que las mujeres reciben la mayoría de los riesgos, incluyendo una mayor exposición a diversas formas de violencia y cambios en el uso de las tierras que impactan sus actividades productivas tradicionales.[2]
Trabajar por un sector extractivo responsable es crucial para una región que se sustenta de él.
Que un pilar de la economía latinoamericana tenga impactos tan desbalanceados según el género es un problema de desarrollo, porque perpetúa el statu quo de una región que ya sufre grandes brechas. Por ejemplo, una de cada tres mujeres latinoamericanas carece de ingresos propios. Esto las hace económicamente vulnerables, condicionando sus necesidades básicas de salud, nutrición, capacitación, etc. a la provisión de otras personas que sí perciban ingresos.[3] Esta dependencia repercute en otros indicadores de desarrollo, como el empleo. Y la vulnerabilidad aumenta con las crisis: durante la pandemia, las mujeres perdieron más empleos que los hombres y les ha tomado más tiempo recuperarlos.
Si bien en la última década el sector extractivo global ha avanzado en su compromiso con la equidad de género, todavía queda mucho por resolver. En el sector minero latinoamericano, las mujeres conforman apenas entre 7-10% de la fuerza laboral[4], ocupan menos posiciones de liderazgo y pueden ganar hasta un 48% menos[5]. Las mujeres y niñas en comunidades del área de influencia minera y las que participan de la minería artesanal o de pequeña escala están más expuestas a riesgos de violencia sexual que sus contrapartes masculinas. Si además tienen menor participación en los procesos locales de toma de decisión, sus necesidades pueden quedar excluidas de los planes de desarrollo local impulsados por la inversión minera. La misma desigualdad se nota también entre las empresas que suplen bienes y servicios a las mineras y en las instituciones gubernamentales que regulan la actividad, especialmente en posiciones de liderazgo.
La igualdad no solo es un derecho, también es un multiplicador de impacto. Cuando crece la proporción de ingresos que controlan las mujeres en sus hogares, tienden a mejorar otros indicadores de desarrollo como la salud y la escolaridad de los niños[6], beneficiando a familias, comunidades y los países que priorizan esta inversión.
¿Qué significa invertir en equidad de género en el contexto del sector extractivo?
Desde el BID nos enfocamos en fortalecer las capacidades de nuestras instituciones para atender estas brechas. Con el fin de brindar sostenibilidad a los proyectos, promovemos un enfoque multiactor para reforzar el vínculo entre gobierno, industria y sociedad civil. Cinco líneas de acción orientan nuestro trabajo y sirven de guía para otros actores que busquen contribuir con la construcción de un sector extractivo más equitativo en términos de género[7]:
- Generar y analizar data sobre las brechas de género específicas al sector para informar políticas públicas y corporativas. Lo que no se mide no se puede mejorar. Conocer los impactos diferenciados en hombres y mujeres permite definir intervenciones basadas en evidencia para reducir las brechas.
- Abordar las barreras que impiden que las mujeres participen de los beneficios del sector, a través del diseño y desarrollo de estrategias, planes de acción y otros esfuerzos multiactor. Existen grandes áreas de oportunidad en los procesos de adquisiciones corporativas; las políticas orientadas a la familia; la prevención y atención de violencias; los análisis de impacto socioambiental con enfoque de género; entre otros.
- Promover la inclusión y retención de mujeres en la fuerza laboral. Además de fomentar la empleabilidad con enfoque de género, se pueden aprovechar los procesos de capacitación interna típicos de la industria (upskilling y reskilling) para promover su participación en posiciones centrales del negocio y puestos de liderazgo, tanto en empresas extractivas como a lo largo de sus cadenas de valor.
- Fortalecer capacidades para participar en las estructuras de gobernanza sectorial desde entidades de gobierno, industria y sociedad civil. Estos esfuerzos deben incluir a mujeres de las comunidades locales y fortalecer su agencia en los procesos de toma de decisión y construcción de consensos sobre las prioridades de desarrollo territorial que el sector impulsa.
- Transversalizar el enfoque de género en todas las operaciones de préstamo y asistencia técnica en el sector extractivo, con especial énfasis en aprovechar la inversión extractiva para impulsar una recuperación económica postpandemia que sea inclusiva y promueva la diversidad.
En cada una de estas líneas de acción ha habido avances significativos y quedan desafíos pendientes. La buena noticia es que la agenda de género en extractivas paga bien[8]: según un estudio de Mckinsey (2015), se estima, por ejemplo, que cerrar la brecha económica de género podría aumentar el producto interno bruto mundial en $28 mil millones para el año 2025. Cada país rico en recursos naturales puede identificar iniciativas concretas en alguna de estas líneas que produzca grandes retornos a partir de una inversión relativamente pequeña – y el BID es un aliado al servicio de esta agenda. Los resultados valen la pena, tanto en términos de negocio como en términos de impacto en el desarrollo.
