El documento parte de la premisa de que los órganos de la Administración deben adoptar medidas que sirvan como modelo a seguir por parte de la ciudadanía y las empresas privadas, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y energética en todo el país.
Se señala que esta línea de acción es necesaria para lograr los objetivos de la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y constituye una práctica de gobierno propia de la idea de la Buena Administración.
El decreto establece dos categorías de consumidores estatales de conformidad a la sumatoria de todos sus suministros de energía interconectados a la Red Eléctrica y dispone obligaciones para cada caso. Igualmente desarrolla iniciativas sobre consumo energético, desarrollando medidas en materia de ahorro y eficiencia energética, que van desde aspectos relacionados a la temperatura de los condensadores de aire a criterios sobre el alumbrado público de las instituciones.
Por igual, el documento presenta metas de ahorro, planes estratégicos y operativos, el diseño de una campaña nacional de promoción del ahorro y eficiencia energética, la implementación de fuentes renovables de energía y otros importantes pasos en la dirección de generar un impacto favorable para los dominicanos, tanto en su medioambiente como en la economía del país.
