Con motivo de la COP27, los países han demuestran sus compromisos hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y los avances de las acciones para acelerar la acción climática global a través de la reducción de emisiones y el aumento de sus esfuerzos de adaptación y reducción de las emisiones de gases invernadero. Para ello, es esencial que los países tengan una completa alineación entre la planificación energética y las estrategias de largo plazo para poder alcanzar sus objetivos climáticos.
Actualmente, 35% de las emisiones de GEI de América Latina y el Caribe proviene del sector energético. Eliminar las emisiones del sector es uno de los mayores retos para alcanzar la descarbonización manteniendo la seguridad energética. Es por ello por lo que es necesario alinear las metas establecidas en los Planes de Expansión del Sector Energético (PESE) de los países con sus Estrategias de Largo Plazo (ELP).
En este contexto, el BID trabaja con un consorcio formado por Global Factor y WRI México con el objetivo de ayudar a los países de la región a alinear su planificación energética y eléctrica con sus estrategias de largo plazo. A través de una guía metodológica basada en casos de estudio y mejores prácticas dentro y fuera de la región, se busca orientar a los países para que en sus ELP y PESE puedan trazar el camino de la descarbonización del sector energético. El trabajo incluye esquemas de coordinación y gobernanza; trayectorias de emisiones netas cero; análisis de costos que consideren los supuestos de tecnología y evolución de precios y normativas; e instrumentos financieros nacionales e internacionales. Todo ello tomando en cuenta los beneficios socioeconómicos de la transición con un enfoque inclusivo y de equidad social y resiliencia a los efectos del cambio climático.
Hoy en día, la mayor parte de los países de la región se enfrentan a altos costos de instalación de tecnologías renovables y retos para aumentar la capacidad de transmisión del sistema sin poner en riesgo la confiabilidad de sistema y la seguridad energética. Las hojas de ruta normativas y de política que los países establezcan en sus ELP y PESE ayudarán a reducir costos y alinear inversiones hacia un sector energético descarbonizado. Esto es posible a través de metas de topes de emisiones, presupuestos de carbono sectoriales y períodos para la reducción progresiva de combustibles fósiles asociados a instrumentos económicos que graven y orienten los flujos de financiamiento al despliegue energías renovables.
Los países tratarán de adoptar, comunicar y mantener las sucesivas medidas de mitigación y adaptación con el objetivo de descarbonizar el sector al 2050.
La región tiene un gran reto largo plazo donde el éxito de la implementación de su estrategia depende de la eficacia y velocidad con la que las economías den respuesta a la necesidad de asegurar recursos suficientes para la transición. Una transición justa con dialogo social que alcance, a través de las energías renovables, la eficiencia energética; reduzca las inversiones en combustibles fósiles en las siguientes décadas. En este sentido, el BID acompaña a los países a la hora de desarrollar los escenarios de cambio climático futuros para planificar las inversiones; y al mismo tiempo, diseñar una infraestructura energética adaptada a las necesidades de cambio climático.
