La política energética se encuentra en el centro de la escena cuando se discuten las perspectivas futuras. La disponibilidad de las fuentes primarias, la confiabilidad en el abastecimiento, la capacidad de responder a picos de demanda y el impacto ambiental que la actividad genera, son preocupaciones que se encuentran en las agendas regionales.
La integración energética, y principalmente la eléctrica (2), es una estrategia que permite abordar estos objetivos en conjunto. Se pueden mencionar, al menos, cuatro tipos de beneficios que genera el comercio de energía eléctrica.
En primer lugar, permite mitigar los riesgos asociados con la aleatoriedad de las fuentes de generación, brindando más confiabilidad al sistema. Esto resulta particularmente importante en América Latina, donde la participación hidroeléctrica en generación ronda el 60%.
En segundo lugar, brinda la oportunidad de una administración más eficiente de la oferta en contextos de picos de demanda o por la estacionalidad climática. El sistema de precios, en este caso, puede permitir sustituir el ingreso de máquinas de mayor costo marginal por la importación de otro sistema que presenta un menor costo.
En tercer lugar, permite aprovechar economías de escala, ampliando el espacio para inversiones de escala regional. Asimismo, los países pueden postergar proyectos que solamente tienen como finalidad atender picos de demanda.
En cuarto lugar, favorece la sostenibilidad ambiental, ya que permite aprovechar la generación de aquellos países con menor emisión de carbono. En este sentido, Uruguay se ha posicionado desde el 2013 como un exportador neto en la región y puede tener un impacto positivo desde el plano ambiental: en 2020, más de la mitad de la electricidad fue generada a partir de energías renovables, sin incluir la hidroeléctrica (asciende a alrededor del 85% si se la incluye).
En América Latina, los avances hacia una integración regional en esta materia han sido dispares. En Centroamérica se logró un progreso significativo con la conforma¬ción de un mercado eléctrico regional y la finalización de la interconexión física entre todos los países involucrados, con una capacidad de 300 MW. América del Sur, en cambio, sólo ha avanzado en interconexiones bilaterales (más avanzadas en la subregión Andina que en la del Cono Sur) y el aprovechamiento de recursos comunes, como son las represas hidroeléctricas binacionales (sobre todo, en el Cono Sur).
La diferencia de velocidades en la integración de América Latina muestra que, a pesar de los beneficios que puede traer, es necesario que se encuentre un conjunto de condiciones para que los países decidan adoptar esa estrategia. Dadas las características del bien (no es almacenable de forma rentable), el intercambio requiere una inversión en activos específicos (elevado costo, complejidad y larga maduración de la inversión) y una coordinación en los despachos. A su vez, la red de transmisión debe estar en condiciones de soportar el intercambio de potencia sin afectar el abastecimiento, incluso en casos de contingencia (Levy Ferre et al., 2020). Por último, es necesario procurar que todas las partes involucradas perciban como beneficioso el intercambio, de forma de alinear los incentivos para realizar el esfuerzo que requiere la integración (Cepal, 2013).
Adicionalmente, la estrategia de integración puede encontrar un conjunto de obstáculos. El aspecto más importante es la concepción de seguridad energética, la cual deviene en que cada país tenga como objetivo el autoabastecimiento más allá de que existan oportunidades de provisión de países vecinos a menores precios y con fuentes menos contaminantes (3). La falta de reglas de juego o de mecanismos para la resolución de controversias es otra barrera en el camino a la integración.
Para finalizar, cuando se estudian las agendas energéticas de los países, se advierte que la mayoría explicita solamente sus posibilidades de exportación. Sin embargo, si la región desea emprender el camino de la integración, se debe asumir que algunos países serán exportadores y otros importadores netos (esto, por supuesto, considerando que los países exportan cuando tienen excedentes e importan cuando resulta conveniente recurrir al mercado). Para que los diferentes países acepten esta premisa, es necesario que el sistema que surja de la integración brinde previsibilidad (es decir, que los volúmenes necesarios se encuentren en el mercado, a un precio definido por el propio mercado, en el momento requerido). La experiencia de América Central revela que un camino gradual de integración es posible, a pesar de que todavía enfrenta desafíos para profundizar el proceso.
