Las inversiones para la transición energética son necesarias y esenciales para una recuperación sostenible, porque además de impulsar la generación de empleo, puede tener un impacto fiscal. Los planes de recuperación de los países son una necesidad y una oportunidad única para la adopción de medidas que contribuyan a la transición energética.
En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de la región cayó 7,4%. Esta es la mayor caída en actividad económica de la que se tiene registro en un solo año. En ese período, se perdieron 26 millones de empleos y se espera que la pobreza (extrema y moderada) aumente en unos 5 puntos porcentuales. Por un lado, la economía de la región esta frágil, una buena parte población se encuentra en situación vulnerable, por otro, hay una necesidad urgente de crear empleos.
Precisamente para discutir los planes y la relevancia de la transición energética, desde el sector Energía del BID, conversamos con la ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica Andrea Meza, Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, y Jorge Rivera Staff, Secretario de Energía de Panamá. Escuchamos los avances en la región y cómo podemos apoyarles para potencializar sus planes.
Recomendaciones de Política para la transición
Para esta discusión, en el BID preparamos el reporte El papel de la transición energética en la recuperación sostenible de América Latina y el Caribe, que invitamos a todos a descargar y que presenta recomendaciones de acciones de política para promover medidas que se pueden implementar para que el sector energía sea fundamental en la recuperación pospandemia.
En esta publicación discutimos dos grupos de políticas para la transición energética que deben estar en el centro de los diseños de planes de recuperación sostenible en América Latina y el Caribe (ALC):
- inversiones sostenibles, y
- medidas para ampliar el espacio fiscal.
Las inversiones sostenibles para fomentar la transición energética deben ser acompañadas de medidas que amplíen el espacio fiscal de los gobiernos, para no comprometer la sostenibilidad fiscal en el contexto de limitado espacio presupuestal en el que se encuentran muchos países de la región. Se requiere también una adecuación del uso recursos de forma más eficiente. Realinear esta necesidad de recursos públicos con la transición energética, pasa por la transformación en las tarifas, los subsidios y los impuestos/tasas sobre el carbono.
Dada la problemática del cambio climático, es deseable que los paquetes de estímulo que se diseñen, además de alentar el mayor nivel de reactivación de la economía en el corto plazo busquen al mismo tiempo apoyar acciones que reduzcan la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el largo plazo.
¿Cuáles son las oportunidades de inversión en el corto y largo plazo para facilitar la recuperación y la transición energética?
En la identificación de oportunidades en el corto plazo destacamos el potencial de continuar desarrollando las energías renovables, cerrar la brecha de acceso universal a la electricidad y a combustibles limpios, la modernización de plantas hidroeléctricas, la expansión y modernización de la infraestructura de transmisión e impulsar la eficiencia energética. En el caso del largo plazo hay varios temas estratégicos que están teniendo relevancia, como la adopción del almacenamiento de energía con baterías, la electrificación del transporte, la digitalización del sistema eléctrico, el desarrollo del gerenciamiento de la demanda, el desarrollo de las cadenas de valor del litio y del hidrógeno verde.
Además, destacamos que, dada la gran necesidad de recursos del sector público, será importante acelerar las reformas regulatorias para continuar garantizando el atractivo para la participación del sector privado en los segmentos donde ya se permite, y redoblar en aquellos segmentos y países donde su participación aún es restringida.
Para el corto plazo, es necesario aprovechar los mecanismos ya en uso en los países para la atracción de inversiones, como las subastas de generación con energías renovables y los mecanismos de medición neta para energía distribuida.
Los países de la región tienen gran potencial de energía renovable y proporcionan, en algunos casos, un mercado de energía renovable que ya es atractivo para inversionistas y desarrolladores. Esta inversión privada es especialmente importante para aquellos países con limitado espacio fiscal. El mecanismo de subastas de energías renovables ha facilitado el desarrollo de las energías solar, eólica, hidráulica y biomasa en América Latina y el Caribe, de manera que en la región se han adjudicado a través de subastas proyectos que superan los 46.800 millones de dólares y con los cuales se han generado 27 gigavatios (GW) de nueva capacidad de energía renovable instalada.
¿Cuáles son las oportunidades de expandir el espacio fiscal?
Para facilitar las inversiones públicas sugerimos un efecto compensatorio en el balance del gasto público. Específicamente se recomienda la eliminación o rediseño de los subsidios energéticos y la aplicación de impuestos al carbono.
Hacer frente al impacto económico causado por la pandemia ha tenido una gran huella en la salud financiera de los gobiernos, y dado que tomará un tiempo volver a los niveles de actividad económica anteriores a la pandemia, las finanzas públicas continuarán debilitadas en un futuro cercano. Por otro lado, el contexto actual de precios del petróleo que todavía se encuentran relativamente bajos, favorece reformas de reducción de subsidios y mecanismos de fijación de precios, o impuestos al carbono.
El impuesto al carbono grava las emisiones de dióxido de carbono. Consiste en la fijación de un precio unitario a las emisiones de CO2. Este impuesto puede recaudarse a través de los productores o distribuidores de energía con base en las emisiones de carbono que produce cada tipo de combustible. Los productores o distribuidores trasladan a su vez el impuesto al consumidor, al fijar el precio final de la energía.
En el caso de América Latina y el Caribe, son cuatro los países que han adoptado un impuesto al carbono. Si se compara con los países mas avanzados en este tipo de instrumento, hay un gran potencial para adoptar estos instrumentos.
Los subsidios energéticos, aparte de otros efectos negativos, no permiten que el precio de la energía refleje costos (ni las externalidades negativas) que genera. La reducción de este tipo de subsidios es necesaria para facilitar la transición energética. En promedio, en los últimos años, el costo anual de los subsidios en ALC suma más de 250 billones de dólares.
No obstante, los cambios de tarifas y el rediseño o eliminación de subsidios deben considerar los impactos potenciales de una reforma en los distintos grupos de interés. Es central tener una estrategia que protejan los grupos más vulnerables, que garantice que los beneficios sean superiores a los costes y que exista una estrategia de comunicación adecuada con los grupos afectados.
Es necesario implementar medidas para mitigar el impacto de los posibles aumentos de los precios de la energía en los más pobres. Entre las propuestas consideradas en el reporte destacan el uso de esquemas de protección social y, en particular, las transferencias monetarias. Algunos países han utilizado programas de transferencias ya existentes para direccionar más adecuadamente esta compensación a grupos vulnerables.
